El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, manifestó su profunda preocupación ante los informes de nuevas detenciones arbitrarias y persecuciones contra miembros de la oposición y sus familiares, defensores de derechos humanos (DDHH) y miembros de las organizaciones de la sociedad civil que han ocurrido en la primera semana de enero en Venezuela.
En rueda de prensa, Dujarric manifestó que la secretaría ”hace un llamado a que se respeten las reglas y normas internacionales de DDHH en Venezuela. Recuerda que nadie debe ser sometido a detención o prisión arbitrarias y que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de opinión sin injerencias, así como el derecho a la reunión pacífica”.
Hasta la fecha, al menos 13 personas han sido detenidas arbitrariamente en Distrito Capital, Trujillo, Falcón, Lara y Bolívar, entre ellas, Carlos Correa, activista y director de la organización promotora y defensora de DDHH, Espacio Público.
Correa fue reportado como “desaparecido” la tarde del martes 7 de enero, cuando fue interceptado por funcionarios vestidos de negros, sin identificación y encapuchados al salir de su oficina en Caracas, según detalló la esposa del director, Mabel Calderín.
Calderín buscó a su esposo en varios centros penales, pero funcionarios negaron que estuviese recluido. En la mañana de este miércoles, acompañada de varias ONG y del equipo de Espacio Público, acudió a la sede del Palacio de Justicia en Caracas para interponer un hábeas corpus para conocer el paradero de Correa.
Su esposa alertó que Correa tiene una “condición de salud especial” y requiere medicamentos para su hipertensión y problemas respiratorios. También precisó que cumple con tratamientos de endocrinología y dermatología.
Liberación inmediata
Organizaciones, dirigentes políticos, periodistas y comunicadores rechazaron la desaparición forzada de Correa y exigen su liberación inmediata.
La Comisión Interamericana de DDHH (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los eventos. ”Las autoridades no han brindado información a familiares que han acudido insistentemente a varios centros de reclusión en su búsqueda (…) Carlos Correa es un reconocido defensor de la libertad de expresión y usuario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por más de dos décadas”.
El 7 de enero, el Cidh y Rele publicaron un informe titulado Venezuela. Graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, en el cual reitera que ataques como el sufrido por Carlos Correa corresponden a “prácticas de terrorismo de Estado”
“…Las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el Gobierno para intimidarlos o como represalia por el ejercicio de su trabajo; y suelen realizarse sin orden judicial o fundamento jurídico”, advirtieron.
Amnistía Internacional, la organización latinoamericana Due Process of Law Foundation (Dplf) y Provea pidieron la libertad de Correa.
Más de 40 organizaciones exigimos el paradero, respeto a la vida y liberación inmediata del defensor de DDHH, Carlos Correa. #DóndeEstáCarlosCorrea
Víctima desde hace más de 19 horas de una desaparición forzada y detención arbitraria, luego de que encapuchados lo interceptaran… pic.twitter.com/3D8AaxHJrd
— PROVEA (@_Provea) January 8, 2025
El Instituto Nacional de Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, se sumaron a la petición con un comunicado e hicieron un llamado al Estado venezolano por información precisa de Correa, el respeto a su derecho a la vida, integridad personal, salud y debido proceso, al cese de los ataques a la prensa y debida investigación de los hechos para evitar la impunidad, y a las garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, expresó su preocupación ante el caso y también solicitó la liberación inmediata de Correa.
Represión en aumento
Además de Correa, al menos 13 personas han sido reportadas como detenidas en enero: Marianela Ojeda, Coordinadora de activismo de Vente Venezuela en Pampanito -Trujillo-; Francisco Graterol, Coordinadora de activismo de Vente Venezuela en Pampanito; Alejandro Briceño, de Acción Democrática; Dario Durán, comerciante y activista en la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia en municipio Pampanito; Robert Rea, activista en el municipio Pampanito; Enger Jordán; Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; Rafael Gpitia, de Vente Venezuela; Robert Santos, secretario General de Un Nuevo Tiempo en el Municipio Silva -Falcón-; Francisco Cariello, dirigente de Alianza Bravo Pueblo en Falcón; Jeremy Santamaría, concejal opositor de Bolívar; Enrique Márquez, excandidato presidencial; y Jesús Sira, profesor e instructor de testigos electorales.
La Unión Europea (UE) instó a la liberación inmediata de todos los “presos políticos” en Venezuela, se solidarizó con todas las “víctimas de la represión del régimen” de Nicolás Maduro y pidió que termine la “intimidación constante” a los dirigentes de la oposición y a sus familias.
Añadió que “la intimidación constante de los dirigentes de la oposición democrática y sus familias debe terminar”.
Respecto a la situación, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh) hizo un llamado a la comunidad internacional a ejercer ”su máxima presión para el retorno de la democracia y Estado de Derecho en el país, ante la nueva ola de represión que encabeza el régimen de Maduro”.
”La Fiscalía de la Corte Penal debe emitir órdenes de detención contra los perpetradores de estos crímenes”, agregaron en su publicación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
