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Participación de vicerrectores de la UCV en junta ad-hoc de la Cruz Roja debió aprobarla el Consejo Universitario

La vicerrectora académica de la UCV, Fátima Garcés,  forma parte de la junta directiva ad-hoc de la Cruz Roja de Venezuela tras ser intervenida por el TSJ,. Mientras que el vicerrector administrativo, José Balbino León, figuró en una imagen con dicho grupo
Cuatro representantes profesorales ante el CU de la UCV alertan que la participación de vicerrectores en la junta interventora de la Cruz Roja debió ser autorizada en consejo universitario extraordinario
“Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho y  al debido proceso”, alertaron

 

Cuatro representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fijaron posición en una carta pública sobre la participación de la vicerrectora académica Fátima Garcés en la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que se constituyó tras intervención del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo Universitario de la UCV, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Dicha participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela”, se lee en el texto.

Afirman que en las reseñas curriculares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a “su condición de autoridades de la UCV”.

El vicerrector administrativo al que hacen referencia es José Balbino León. Aunque no fue mencionado oficialmente como parte de la directiva provisional de la Cruz Roja tras la intervención (como sí pasó con Garcés), apareció en una imagen junto a miembros de esa directiva durante su instalación. 

León, además, salvó hace unos días su voto en el comunicado del Consejo Universitario donde se expresaba la inconformidad del cuerpo colegiado sobre el bono vacacional.

Participación debió ser aprobada en Consejo Universitario

Recuerdan, además, que la Ley de Universidades es clara al señalar que “las autoridades deben ser autorizadas por el Consejo Universitario para realizar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman durante el ejercicio de su cargo”, según estipula en su artículo 162.

“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de Escuela e institutos universitarios son de tiempo completo Dictes funciones y las de profesor de tiempo comploto son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su índole o por su coincidencia de horario, menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias”, reza dicho artículo. 

A juicio de los profesores que firmaron la misiva,  la importancia del asunto “obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora”. Pero, contrario a lo que dictaba la ley, “nada de eso ha ocurrido”.

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora. Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país”, remarcan los miembros del Consejo Universitario en la carta,  profesores Félix J. Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro.

 

En la misiva, concluyen que la participación de dos de las autoridades rectorales de la UCV en dicha junta interventora “es un tema que escapa a una decisión personal de ellas”.

“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país”, advirtieron finalmente los firmantes. 

 

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La vicerrectora académica de la UCV, Fátima Garcés,  forma parte de la junta directiva ad-hoc de la Cruz Roja de Venezuela tras ser intervenida por el TSJ,. Mientras que el vicerrector administrativo, José Balbino León, figuró en una imagen con dicho grupo
Cuatro representantes profesorales ante el CU de la UCV alertan que la participación de vicerrectores en la junta interventora de la Cruz Roja debió ser autorizada en consejo universitario extraordinario
“Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho y  al debido proceso”, alertaron

 

Cuatro representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fijaron posición en una carta pública sobre la participación de la vicerrectora académica Fátima Garcés en la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que se constituyó tras intervención del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo Universitario de la UCV, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Dicha participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela”, se lee en el texto.

Afirman que en las reseñas curriculares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a “su condición de autoridades de la UCV”.

El vicerrector administrativo al que hacen referencia es José Balbino León. Aunque no fue mencionado oficialmente como parte de la directiva provisional de la Cruz Roja tras la intervención (como sí pasó con Garcés), apareció en una imagen junto a miembros de esa directiva durante su instalación. 

León, además, salvó hace unos días su voto en el comunicado del Consejo Universitario donde se expresaba la inconformidad del cuerpo colegiado sobre el bono vacacional.

Participación debió ser aprobada en Consejo Universitario

Recuerdan, además, que la Ley de Universidades es clara al señalar que “las autoridades deben ser autorizadas por el Consejo Universitario para realizar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman durante el ejercicio de su cargo”, según estipula en su artículo 162.

“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de Escuela e institutos universitarios son de tiempo completo Dictes funciones y las de profesor de tiempo comploto son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su índole o por su coincidencia de horario, menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias”, reza dicho artículo. 

A juicio de los profesores que firmaron la misiva,  la importancia del asunto “obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora”. Pero, contrario a lo que dictaba la ley, “nada de eso ha ocurrido”.

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora. Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país”, remarcan los miembros del Consejo Universitario en la carta,  profesores Félix J. Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro.

 

En la misiva, concluyen que la participación de dos de las autoridades rectorales de la UCV en dicha junta interventora “es un tema que escapa a una decisión personal de ellas”.

“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país”, advirtieron finalmente los firmantes. 

 

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