En la actualidad existe una realidad más o menos aceptada por gran parte de la academia y las sociedades colombiana y venezolana. Se acepta que en la zona fronteriza existe una presencia y cada vez mayor influencia de estructuras criminales. No obstante, para gran parte de la opinión pública no resulta claro el grado de fortaleza, el nombre y tipo de estructuras criminales y, sobre todo, los vínculos con sectores de la legalidad. Este debate ha quedado extraviado en medio de discusiones ideologizadas y permeadas por posturas políticas.
Se debe aclarar que la presencia de organizaciones criminales no es nueva en la zona de frontera. Por ejemplo, desde finales de la década de los ochenta, la presencia de grupos guerrilleros, tanto del ELN como de la guerrilla de las FARC, ha sido importante. Incluso, entre 1993 y 1996, bajo la administración de Caldera, el gobierno venezolano pidió abiertamente al gobierno colombiano el inicio de un proceso de paz, ya que crecía la necesidad de controlar este fenómeno. Igualmente, desde 1994, el Cartel de Cali, y más tarde en 1998 también el Cartel del Norte de Valle, comenzaron un traslado planeado hacia Venezuela y Panamá de varias de sus estructuras. El propio jefe de los “Rastrojos” moriría en Venezuela años más tarde. Sin embargo, no sería hasta el año 2003 y 2004 cuando la situación comenzó a ser preocupante. En los primeros años del nuevo milenio confluyeron cinco situaciones que agravarían las dinámicas de seguridad en la zona fronteriza.
Cinco situaciones que agravan la seguridad en la frontera
El primero fue el fortalecimiento de la presencia y control de los grupos armados ilegales en la zona de frontera del lado colombiano inicialmente, y posteriormente del lado venezolano. Por un lado las guerrillas se replegaron del centro del país luego de las Operaciones Libertad I y Libertad II en 2003 y 2005, desplazando parte de sus estructuras hacia la frontera. A su vez, para esos mismos años el paramilitarismo, mediante la creación de Distritos Electorales[1], consolidó gran parte del poder político y económico de la región, tanto legal como ilegal. “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte, controlaba la gran mayoría de gobernaciones de la Costa Atlántica y se había tomado a sangre y fuego la cooperativa de comercialización de gasolina Ayatawacoop, basada en La Guajira, manejando el tráfico legal e ilegal de gasolina.
El segundo fenómeno fue un proceso de desinstitucionalización del Estado venezolano en la zona fronteriza, básicamente después del golpe de Estado y del paro petrolero en 2001 y 2002. Hubo un recambio en cerca del 60% de los funcionarios públicos; es decir, el oficialismo cambió la gran mayoría de la burocracia estatal, que era inexperta en la administración pública en su gran mayoría, y esto causó cierto desgobierno que fue aprovechado por las organizaciones criminales. Sin embargo, la situación se complejizó ya que la oposición se quedó con los Estados de Zulia y Táchira, y sólo recientemente el oficialismo los ganó. En estos Estados los niveles de polarización llevaron a que tanto la oposición como el oficialismo tuviesen una alta tolerancia hacia sus funcionarios para que estos no cambiaran de bando, o no les traicionaran. Una tolerancia hacia la corrupción que se saldría de las manos.
La tercera situación es que Venezuela se convirtió en un país de tránsito para la exportación del narcotráfico en la medida que los controles de la DEA (Agencia Antidroga estadounidense) por el Caribe aumentaron. Además, los carteles mexicanos lograron controlar cerca del 90% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, los carteles colombianos se vieron obligados a buscar nuevas rutas, y Venezuela se convirtió en la mejor opción. Desde allí se ha creado la ruta por África, con paso a Guinea Ecuatorial, único país de habla castellana en África que está siendo cooptado por narcotraficantes colombianos y brasileños. De tal forma que la frontera entre Colombia y Venezuela es zona de disputa y de interés para diferentes carteles: los “Rastrojos”, “Urabeños”, y los herederos del “Loco” Barrera, así como los “Zetas”, y más recientemente el Cartel de Sinaloa. Así mismo, dos carteles dominicanos se disputan la ruta que va desde Colombia y atraviesa Venezuela, ya sea hacia el Caribe o hacia África para llegar a Europa.
Una cuarta situación que ha confluido ha sido la diferencia cambiaria: un galón de gasolina cuesta del lado venezolano algunos centavos de dólar, y en Colombia está por encima de los 4 dólares. Similar situación se presenta con el precio de los alimentos, y por ende el tráfico de alimentos y gasolina es ya un mercado ilegal de grandes proporciones. Según el ministerio de Minas de Colombia un millón de galones de gasolina ingresan mensualmente a Colombia.
La quinta situación fue la divergencia de enfoques de la Política Pública de Seguridad entre ambos Estados. Por un lado, Colombia se ha enfocado en el tema de combate a grupos armados ilegales internos (un tema de seguridad, si bien nacional pero interna) y por ende su política de compra de armas, inteligencia e inversiones se enfocan a ello. Por otro lado, Venezuela tiene una línea de seguridad exterior en la que albergan la posibilidad de una invasión externa, y la promoción de golpes de estados por terceros países, y en estas hipótesis centran el objetivo de su estrategia militar. Esto quiere decir al menos dos cosas: primero, no había un lenguaje común a la hora de la cooperación militar, no sólo en sus prioridades. Segundo, la cooperación tampoco funcionó debido a quejas y peticiones de priorizar supuestas amenazas para que la cooperación fluyera. El gobierno colombiano pedía mayor combate a las guerrillas y el venezolano al paramilitarismo.
Recientemente, ambos gobiernos se han hecho conscientes de esta situación y han comenzado a cooperar: la captura del “Loco” Barrera, de “Valenciano”, o de “Diego Rastrojo”, todos ellos jefes narcotraficantes y algunos exparamilitares son muestra de esta cooperación. Igualmente, el Plan Patria Segura del gobierno venezolano ha priorizado algunas zonas de frontera al igual que lo ha hecho el gobierno colombiano, y al parecer dicha coordinación comienza a dar sus frutos. Sin embargo, la lucha contra la corrupción en ambos lados de la frontera aún es mínima, lo que ha garantizado que el crimen organizado tenga estabilidad en esta zona.
[1] El concepto de Distritos Electorales hace referencia a la distribución municipal que realizó el paramilitarismo y que le fue entregado a diferentes líderes políticos. En estos municipios cada político aliado con estos grupos obtenía entre el 70% y 90% del total de votos y lograba fácilmente el cargo al que aspiraba.
Fuente: Revista Perspectiva
