Un nuevo informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expone una política deliberada del Estado venezolano para reducir el espacio cívico y limitar la labor de defensa de derechos humanos.
El informe, que cubre el período 2022-2024, documentó más de 1.730 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con un 78.1% de estos ataques perpetrados por actores estatales.
En una nota de prensa sobre el informe Olga Guzmán, responsable para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), explicó que el Gobierno venezolano somete a su población “a un entorno torturante, desde una experiencia colectiva e individual para condicionar las conductas de la población a través del terror y del miedo a ser sometido a violaciones a derechos humanos, inhibiendo así la participación política y la libertad de expresión de las y los venezolanos”.
El informe analiza las condiciones del espacio cívico en Venezuela registradas por el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo del 1989 (Cofavic) en el período 2022 – 2024
Ataques contra defensores de Derechos Humanos
Entre 2022 y 2023, según el informe, se registraron 937 ataques contra defensores de derechos humanos, lo que representa el 68.5% del total. Los ataques incluyeron intimidación, hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y difamación.
El texto detalló que las víctimas de estos ataques fueron principalmente periodistas, sindicalistas, líderes indígenas, activistas políticos, docentes, personal de salud, estudiantes y abogados.
Sobre los ataques se destacaron algunos casos como el asesinato del líder social José Gregorio Urbina y del líder indígena Virgilio Trujillo, así como las detenciones arbitrarias de defensores como Gabriel Blanco y María Fernanda Rodríguez.
Por otra parte, se documentaron casos de tortura y violaciones al debido proceso, como el de John Álvarez, líder estudiantil sometido a malos tratos durante su detención.
Los estados con mayor número de ataques dirigidos a personas defensoras de derechos humanos, en el período 2022- 2023, fueron Bolívar (210), Yaracuy (181), Distrito Capital (161), Falcón (36), Táchira (32), Lara (31) y Mérida (31).
Ataques contra organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil también fueron blanco de ataques, con 430 agresiones registradas (31.5% del total) entre 2022 y 2023. Estas incluyeron suspensión de transmisiones radiales, cierre de medios de comunicación, difamación, hostigamiento y amenazas de cierre.
El informe señaló que el Estado venezolano ha utilizado instituciones públicas, funcionarios y cuerpos de seguridad para llevar a cabo estos ataques, que buscan debilitar y desmovilizar a las organizaciones sin fines de lucro.
Entre los los presuntos perpetradores con mayor incidencia se encontraron instituciones públicas (218), funcionarios públicos (70), cuerpos de seguridad (58), líderes políticos del partido de gobierno (23), usuarios de redes sociales (16), Hackers informáticos (10) y otro (10). “Esto implica que el Estado es el perpetrador en el 79.9% de los casos”, detalló el informe.
Uso indebido de normativas legales
El informe advirtió sobre el el uso de un marco jurídico restrictivo para criminalizar y obstaculizar la defensa de derechos humanos.
Entre las normativas analizadas se encuentran la Ley de Cooperación Internacional, la Ley de Fiscalización de ONG y el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. Estas leyes permiten al Estado clasificar arbitrariamente a personas y organizaciones como “fascistas” o “terroristas”, lo que facilita su persecución y criminalización.
Por ejemplo, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares contempla sanciones administrativas como disolución de organizaciones, medios o partidos políticos, así como inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos
Además, se documentaron intervenciones estatales en organizaciones como la Cruz Roja Venezolana y el Partido Comunista de Venezuela, bajo el argumento de cooperación con organismos internacionales.
Violaciones en el contexto electoral de 2024
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos consideró que el proceso electoral de 2024 estuvo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Durante el período preelectoral, se registraron detenciones arbitrarias, torturas, restricciones a la libertad de expresión y asociación, y el uso excesivo del derecho penal para criminalizar a opositores.
Vale recordar que la Misión Internacional Independiente de la ONU documentó al menos 48 detenciones arbitrarias entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, así como casos de tortura y violencia sexual durante las detenciones.
En el período poselectoral, tras la declaración de Nicolás Maduro como ganador, se desató una ola de represión que causó 25 muertes registradas entre el 28 y el 31 de julio de 2024, la mayoría por uso de armas de fuego.
Asimismo, se documentaron detenciones masivas, con más de 2.229 personas detenidas en agosto de 2024, muchas de ellas acusadas de “terrorismo”.
Terror generalizado y persecución política
El informe advirtió que el Estado venezolano ha creado un “clima de terror generalizado” para silenciar a la oposición y a cualquier voz crítica.
Esta acción se lleva a cabo a través de campañas de difamación, anulación arbitraria de pasaportes y persecución selectiva de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
“El Estado buscó polarizar a la sociedad, pidiendo a sus simpatizantes que delataran a sus vecinas o vecinos, alentando un clima de desconfianza social y temor a la expresión de cualquier opinión que pudiera ser vista como contraria o crítica al Estado, que busca atemorizar e intimidar a la población venezolana. Con el mismo fin, el Gobierno también publicitó requisas y detenciones de personas”, alertó el texto.
Recomendaciones
El informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos insta al Estado venezolano a:
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Cesar los actos de criminalización, intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
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Garantizar investigaciones imparciales y sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos.
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Derogar leyes restrictivas como la Ley de Fiscalización de ONG y el Proyecto de Ley contra el Fascismo.
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Proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar un entorno seguro para su labor.
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Acoger las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y la ONU.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
