Reporteros Sin Fronteras afirma que el periodismo en Venezuela “se desenvuelve en un clima de restricciones”
Foto: Juan Barreto/AFP
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Venezuela entre los países con menos libertad de prensa en su informe anual.
De acuerdo con el informe de RSF, Venezuela cayó 11 puestos en este ranking respecto a 2021 y se ubicó actualmente en el puesto número 159.
Por debajo de Venezuela, en Latinoamérica, según el documento, se encuentran Nicaragua (160) y Cuba (173).
“Venezuela vive en un clima de restricción de la información, en el que las medidas del gobierno amenazan el ejercicio mismo del periodismo independiente”, señala la organización.
También, destacan que a través de una “política opaca de concesión y revocación de las licencias de radio”, las autoridades han obligado a echar el cierre a 200 emisoras.
Por otra parte, resaltan que el régimen de Maduro “persiste en su bloqueo a los contenidos informativos en Internet, afectando gravemente a las webs de noticias no oficialistas”.
Contexto político
El texto se refiere a Maduro, quien ya anunció su intención de aspirar a un nuevo mandato, pese a ser reelecto en unos polémicos comicios. Si gana en las elecciones de 2024, Maduro liderará el país al menos hasta 2030.
En Venezuela, el poder ejecutivo ejerce un control estricto sobre los poderes legislativo y judicial, lo cual ha creado un sistema institucional desequilibrado”, añade el informe.
Con respecto a la oposición, MSF señala que estas fuerzas “se han desunido y carecen de un liderazgo potente”.
“Los medios del Estado y los portavoces oficiales no dudan en desprestigiar, perseguir e incluso amenazar públicamente a los periodistas independientes, por sus informaciones”, añaden.
Marco legal
MSF resalta que libertad de expresión se consagra en el artículo 58 de la Constitución, “pero no existe ninguna política para protegerla”.
Además, se han adoptado medidas como la “Ley contra el Odio”, en una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el régimen de Maduro.
Durante los primeros cuatro años de aplicación de la ley, 17 periodistas y medios, y varias decenas de venezolanos han sido sancionados y muchos otros, amenazados, incluidos particulares que comparten contenidos en redes sociales.
Contexto económico
De acuerdo con MSF, entre 2015 y 2020, “la economía del país se ha hundido por el efecto combinado de las mayores tasas de inflación y la mayor caída del PIB del mundo”.
Lo anterior, destacan, es “resultado de las políticas de control económico y expropiaciones masivas aplicadas por Hugo Chávez, de 2007 a 2011″.
También, desde el año 2021 los indicadores macroeconómicos muestran algunos signos de mejora, pero el acceso a los bienes y servicios sigue siendo muy limitado.
Durante el 2022 “se han anunciado medidas para revertir las nacionalizaciones de los años anteriores”.
“La crisis económica ha provocado una reducción drástica de la publicidad oficial. Los criterios utilizados para distribuirla son, por otra parte, opacos y arbitrarios, lo que favorece a los medios afines al gobierno. Para recibir el “maná financiero”, los medios tienen que aceptar la difusión gratuita de los mensajes oficiales del gobierno”, añade el texto.
Contexto sociocultural
La organización señala que la sociedad venezolana “atraviesa una crisis generalizada, que ha depauperado sus condiciones de vida”.
“Como consecuencia de la recesión económica que asola el país desde hace cinco años, millones de ciudadanos han migrado a países vecinos”, añaden.
Según las estimaciones, agrega MSF, cerca de un 20% de la población total ha dejado Venezuela a lo largo de los últimos años, especialmente las personas jóvenes en edad de trabajar.
Seguridad
Reporteros Sin Fronteras afirma que el periodismo en Venezuela “se desenvuelve en un clima de restricciones”.
Con respecto a lo anterior, destacan que es habitual que los reporteros sean golpeados o amenazados en el ejercicio de su labor, cuando hay conflictos políticos o en períodos electorales.
Por último, agregan que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo están bajo control de Maduro, “por lo que ninguna contribuye a garantizar la seguridad de los periodistas”.
“Los actos de violencia física o verbal contra la prensa rara vez son objeto de una investigación”, finaliza.
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