Laidy Gómez es la candidata nominal a diputada de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en el circuito número 1 del Estado de Táchira, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hace algunos días, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la retuvieron durante dos horas en un punto de control cerca de la población de San Antonio. Requisaron su vehículo. Como llevaba unas muestras invalidadas del tarjetón electoral para instruir a sus partidarios sobre cómo votar en las elecciones, los efectivos militares le exigieron la factura de los impresos. “Les respondí que cómo me iban a pedir factura de un material educativo que reparte un organismo del Estado, el Consejo Nacional Electoral”, cuenta Laidy Gómez durante un receso de una gira por la población de Rubio, ciudad venezolana del Estado de Táchira. Solo la presión de los ciudadanos que presenciaban la operación, asegura, consiguió que la dejaran seguir.
Táchira se encuentra en estado de excepción. Esta provincia del suroeste del país, colindante con el departamento colombiano de Norte de Santander, se ha ganado el castigo del Gobierno central de Caracas. En febrero de 2014 fue el epicentro de las protestas sociales, llamadas guarimbas, contra el Gobierno de Nicolás Maduro que durante tres meses se extendieron a otras ciudades venezolanas y pusieron en jaque la gobernabilidad del país. Un movimiento que acabó con el líder opositor Leopoldo López en la cárcel.
Más de un año después, el 21 de agosto de 2015, el presidente Maduro ordenó suspender seis garantías constitucionales en cinco municipios de Táchira. La orden, cuyos efectos se prolongarán hasta el 21 de diciembre, se dictó después de un ataque armado cerca de San Antonio que el Gobierno atribuyó a paramilitares, y en el que resultaron heridos de gravedad dos oficiales de la GNB. También se decretó el gobierno militar sobre la zona, todo con el propósito explícito de combatir el llamado contrabando de extracción y el crimen organizado. Ahora los municipios de Táchira fronterizos con Colombia constituyen la Zona Militar número 1. Su jurisdicción coincide con la del circuito electoral número 1. Gómez, la candidata de la oposición, enumera las plagas que trajo consigo la militarización de la zona: denuncias de pillaje durante allanamientos sin orden judicial, merma del 75% de la actividad comercial y un virtual toque de queda que nadie reconoce, pero que la tropa se encarga de hacer cumplir.
Cualquier reunión de más de cinco personas debe obtener permiso de las autoridades militares. “En estos días los soldados interrumpieron una fiesta de bodas en Rubio con la excusa de que no se había pedido permiso”, cuenta la joven abogada, militante del partido Acción Democrática (AD). Dice que no sabe qué clase de escollos supondrá la medida para la campaña electoral que arrancó de manera oficial el 13 de noviembre. “Hay mucha incertidumbre”, admite.
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