(Entrega I de una serie de IV propuestas de seguridad)
En Venezuela la delincuencia se ha convertido en política de Estado. 99% de los delincuentes que cometen delitos tienen garantizada la impunidad de sus actos. Del 1% restante que son detenidos: una buena parte queda libre debido a la “corrupción” policial o judicial; y otra parte van a centros de reclusión donde siguen planificando con holgura sus delitos. La ausencia de justicia explica, en gran medida, las altas tasas de criminalidad que existen en el país y la zozobra en la que vivimos los venezolanos.
Según el trabajo de World Justice Project 2012, nuestro país cuenta con el peor sistema de justicia penal del mundo; con lo cual, la probabilidad de ser capturado y castigado al cometer un delito es casi nula, o cercana a cero. Esto en términos económicos equivale a decir, que los costos de operar en la industria criminal son nulos. Esta situación ha fomentado el florecimiento de la industria del crimen hasta dimensionas nunca vistas en el país y en el mundo.
En este contexto de impunidad institucionalizada, no hay plan de seguridad, ni policíal, ni entramado legal que pueda detener el crimen. El Estado venezolano ha creado las condiciones para convertir a Venezuela en el mejor país del mundo para delinquir, vivimos la delincuencia como política de Estado.
La impunidad es consecuencia directa de la corrupción, ambas son fuerzas negativas que se retroalimentan y llevan a la sociedad a una espiral negativa de violencia e injusticia. No es coincidencia que Venezuela se haya convertido en uno de los países más corruptos del mundo como ha señala Transparencia Internacional, y que por tanto tenga la peor Justicia Criminal del planeta.
Uno de los grandes retos que tiene la nueva Asamblea Nacional es asegurar una justicia igualitaria, oportuna e imparcial. Para ello debemos lograr una mayoría que haga equilibrio al poder descomunal que ejerce el Ejecutivo sobre la institucionalidad, de manera especial sobre el Poder Judicial y Moral.
Si queremos caminar sin miedo por nuestras calles y tener un Estado que garantice nuestras vidas y nuestras propiedades, necesitamos una Asamblea Nacional que designe un Tribunal Supremo independiente, un Fiscal, un Contralor y un Defensor del pueblo al servicio de la gente. Es decir, un Parlamento que haga contrapeso a las pretensiones del Ejecutivo de querer controlarlo todo para satisfacer sus ambiciones políticas. Una institucionalidad que persiga y denuncie la corrupción en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus actores.
La seguridad de esta manera es un asunto político, que se puede resolver con un nuevo equilibrio político. Una Asamblea Nacional comprometida con instituciones al servicio de la gente, que ponga límites a los abusos del gobierno nacional es el camino para vivir en paz. La justicia es el único camino hacia la paz.
Angel Alvarado Rangel (@AngelAlvaradoR)
